La aceleradora BFAero centra 54 proyectos que
incluyen UAV bomberos, para servicios de paquetería, sanidad o a base
de nuevos materiales
La primera
aceleradora aeronáutica gallega llega con propuestas únicas para los
drones que vienen en la comunidad. Desde nuevas tecnologías o materiales
a UAVs para repartir paquetes, apagar incendios, el sector sanitario o
luchar contra plagas. De las 54 ideas (ocho de ellas de firmas
viguesas), 48 se votaron de forma pública hasta ayer.
Drones para apagar incendios,
luchar contra la avispa velutina, repartir paquetes, con materiales
novedosos, sensores únicos... La Business Factory Aero (BFAero), la
primera aceleradora aeronáutica gallega, llega cargada de propuestas que
buscan revolucionar el sector de los drones en Galicia. Entre los 54
proyectos se esconden propuestas únicas y, en ocasiones, centradas en
problemáticas especialmente gallegas. El grueso de las ideas (48) fueron
sometidas hasta ayer a una votación abierta cuyos resultados se
conocerán en los próximos días.
Entre
las propuestas más llamativas se encuentran, por ejemplo, las de
Eurodrones, de Lalín: plantea desde un dron para luchar contra la velutina (directamente en los nidos) hasta uno para transportar medicamentos o muestras de sangre de forma segura ( LifeDrone).
Etaidron, firma de A Coruña, también presenta dos ideas: por un lado,
el desarrollo de un "cliente securizado" para la "interconexión con
múltiples proveedores" de servicio para gestionar el tráfico aéreo de
drones; por otro, DronDrop, un sistema para la "descarga en vuelo" de paquetes.
El de los drones antiicendios también es un sector que buscan explorar firmas de dentro y fuera de Galicia.
En el primer caso está la coruñesa Vagalume, que apuesta por un
"enjambre" de UAVs; por otro, está el dron bombero para entornos urbanos
de la sevillana CITD Aerópolis. De igual forma, también hay una apuesta
por integrar nuevos materiales, especialmente composite. Ahí participan
Lupeon y Engtech, que plantean fabricar piezas para UAVs a través de
impresión 3D, o Trim Composites.
De las 17 propuestas de la provincia de Pontevedra, ocho corresponden a empresas de Vigo. Entre ellas está la de Alivetor, de Gradiant, su sensor "embarcable en drones" para detectar personas sepultadas; el Smartdrone Galicia,
que busca integrar la visión artificial con la captura de imágenes para
sectores como la seguridad, la construcción o el medio ambiente; Muutech Monitoring Solutions, que se vende como "monitorización como servicio para la industria aeronáutica", o SMF, de Future Trends Engineering, para desarrollar "espumas metálicas inteligentes".
Drones: Galicia se inventa un sector y se alinea con el futuro
Treinta empresas y 200 operadores
dan alas a un innovador tejido industrial que ya crea empleo y riqueza.
Seguridad, lucha contra el fuego y vigilancia son el comienzo de un
negocio que despega
Parecen juguetes, pero estas pequeñas y frágiles aeronaves moverán
1.200 millones de euros de negocio y crearán 11.000 puestos de trabajo
en España en el 2035. Es el cálculo que el Ministerio de Fomento recoge
en el plan estratégico diseñado para impulsar este novedoso sector en el
que Galicia esta vez juega en posición de ventaja.
El futuro de los drones como industria
Óscar Ayerra
Hace un par de años, operar con drones en Galicia era una
actividad desconocida y minoritaria. Pero los aviones no tripulados,
útiles tanto para un bombardeo como para un reportaje de boda, se han
convertido en todo un negocio con grandes expectativas de crecimiento.
Hay demanda en el mercado, y por eso no es de extrañar que la
fabricación y el pilotaje de drones sea ya la actividad en la que están
naciendo más empresas en toda Galicia.
El tirón de la iniciativa público-privada
representada por el CIAR (Centro de Investigación Aeroportada de Rozas),
impulsado por la Xunta y sus dos socios fundadores, Indra y Babcock
(Inaer), a los que se acaba de sumar el constructor aeronáutico Boeing,
ha tenido un efecto inmediato en la iniciativa emprendedora. En poco más
de tres años, este incipiente sector gallego ha pasado de contar con 14
operadores (año 2015) a sumar a estas alturas (cierre del 2018) un
total de 206 empresas autorizadas por AESA, la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea; además de 5 escuelas homologadas por este organismo
para la formación de pilotos.
Dice la Xunta que la inversión asociada a Rozas
(150 millones hasta el 2020) «ya es una realidad que está dando
resultados concretos». Genera 260 empleos de alta cualificación, 20
proyectos de I+D desarrollados por las empresas Indra y Babcock y próximamente Boeing; y la participación en ellos de 30 empresas y centros de conocimiento.
Entre lo público y lo privado
Los
primeros en llegar han sido los proyectos de los dos constructores
instalados en el aeródromo de Rozas: Indra y Babcock (antes, Inaer).
Formaba
parte del contrato (como ganadores de la primera fase de licitación)
que ambos grupos integraran en sus respectivos programas industriales a
suministradores y socios gallegos, y lo que está ocurriendo es que ya
hay una decena de empresas incorporadas, lo que conforma el primer panel
de proveedores de componentes de drones de Rozas.
Entre las veteranas, liderando la cartera de subcontratas de Indra, se encuentran Delta Vigo,
auxiliar de primer nivel de los grandes constructores aeronáuticos
(Airbus, Boeing, Embraer o Comac). Se ha incorporado también Seadrone,
compañía creada para diseñar, desarrollar y construir barcos no
tripulados, que lanzará al mar su primer prototipo, para misiones de
análisis y control, el mes que viene en la ría de Vigo.
Fuentes de la Xunta citan otras empresas, como Soarnor y Gaerum Ingeniería, en calidad de auxiliares de Indra, ambas creadas para el proyecto de avión opcionalmente tripulado Targus.
La otra gran adjudicataria de Rozas es Babcock,
que está trabajando en dos prototipos de helicópteros no tripulados. Una
vez que ambos aparatos obtengan las correspondientes certificaciones,
la compañía comenzará la producción en serie, un proceso que se hará
íntegramente en Rozas, con la participación de una veintena de
proveedores de la comunidad.
De momento, ya hay cinco subcontratadas. R-Cinfo
es una filial del grupo R especializada en vídeo inteligente y
descubrimiento de contenidos; y Softewcare, una empresa de ingeniería y
consultoría desarrolladora de software. También figuran Coremain, especializada en tecnología sanitaria; Soldatec, dedicada al campo de la soldadura técnica aplicada a todos los sectores de la industria; y Pildogalaica, creada por Babcock para dedicarse a la gestión del tráfico aéreo a baja cota.
Y ahora llega Boeing. El constructor aeronáutico se instalará en Galicia para desarrollar sistemas de seguridad aérea,
pero no lo hará en solitario, sino en consorcio con tres empresas
tecnológicas especializadas en sistemas de telecomunicaciones.
Las firmas gallegas Centum, Televés y Gradiant
son socias del proyecto, que estará tutelado desde el Centro Europeo de
Investigación y Tecnología de Boeing (Boeing Research &
Technology-Europe o BR&T-E).
Este consorcio dispondrá de 10,5
millones (4 millones puestos por el grupo aeronáutico, a los que hay que
sumar 6,5 millones de la Xunta) para encontrar soluciones tecnológicas a
los retos en materia de seguridad que ya está generando el despliegue
de los aviones autónomos en los espacios aéreos compartidos con la
aviación convencional.
En la sociedad entran también la firma madrileña Soticol Robotics y la Universidade de Vigo, que realiza una investigación académica puntera en aspectos relacionados con las tecnologías del proyecto.
Las firmas gallegas que acompañan a Boeing no son socios menores. Gradiant
(Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia), con sede en
Vigo, trabaja desde hace años en sistemas de navegación y
posicionamiento de aeronaves no tripuladas. Tiene patentes en tecnología
de localización de personas extraviadas mediante la combinación de
telefonía móvil y drones. Y entre sus innovaciones con mayores
perspectivas de mercado destaca un sistema que logra detectar,
identificar y derribar, si es preciso, aeronaves no tripuladas que se
encuentren operando en situación de ilegalidad o que supongan una
amenaza para las personas.
En este campo de seguridad antidrones trabaja
también Centum, una empresa con sede en Vigo especializada en
tecnologías punteras en el campo de las comunicaciones para gestión y
seguridad del tráfico aéreo. Y en la misma línea trabaja Televés, firma
compostelana especialista en servicios de telecomunicaciones y en la
fabricación y comercialización de sistemas de recepción y distribución
de señales de televisión y radio.
Liderando Europa
Y
es así, poco a poco, como todo este entramado tejido en torno al
negocio de los drones empieza a tomar forma y a situar a Galicia en una
posición relevante, de momento en España, pero apuntando alto.
Los planes del Gobierno pasan por regular la
aplicación de los drones en ámbitos como la agricultura, la filmación
topográfica, el medio ambiente, la obra civil y la minería a corto
plazo. En el medio plazo, ampliará su espectro a las telecomunicaciones,
el control de fronteras, las emergencias o a las ciudades inteligentes.
Y a partir del 2030 afrontará la última barrera de la industria: el
transporte de pasajeros de larga distancia y aerotaxis.
España,
con Galicia al frente, representa el tercer país más importante en
Europa en este ámbito, solo por detrás de Francia y Polonia.
«Abordamos retos de alto nivel de seguridad aérea
M. S. D. Luis Cerdeira
El aterrizaje de Boeing en Galicia ha sido suave. Cuatro
millones de euros de inversión, tratándose del gigante norteamericano,
saben a poco. Pero es un primer paso que sitúa la comunidad en el mapa
del constructor aeronáutico. Boeing no ha venido así sin más. Ha habido
que traerlo. Mediante una licitación pública lanzada por la Xunta, que
convertía al ganador en adjudicatario directo de un encargo: desarrollar
tecnología que permita que aviones tripulados y no tripulados puedan
operar con seguridad en el mismo espacio aéreo, sin interferencias y sin
riesgos.
El constructor estadounidense obtuvo la mayor
puntuación, y a finales del año pasado ganó la adjudicación del
proyecto. No constan plazos para que Boeing presente resultados, pero sí
el compromiso del grupo aeronáutico de involucrar en el proyecto a la
industria gallega y de atraer a la comunidad a los «grandes actores»
(según consta en el documento oficial). De momento, Boeing no quiere
avanzar más información sobre el proyecto. Está previsto que su
actividad en el polo aeronáutico de Rozas genere carga de trabajo para
la creación de 58 puestos de alta cualificación. Seguir leyendo
«El avión Targus hará pruebas de vuelo este año
M.S.D. Indra
«Indra lidera cinco proyectos en el sector de los sistemas no
tripulados aéreos y navales y está cumpliendo con los objetivos de
desarrollo y plazos marcados con la Xunta». Así lo explica Javier
Barcala, director de vehículos aéreos de Indra. En Rozas, la compañía
trabaja en el avión opcionalmente tripulado Targus, el dron marino, el
Centro de Misión y Procesado de Datos, el denominado Smart Logistics 4.0
para el mantenimiento de vehículos e infraestructuras mediante el uso
de sistemas no tripulados y un proyecto de realidad virtual y aumentada
que permitirá generar entornos de simulación con ayuda de drones. Seguir leyendo
«Nuestros drones son clave en el control del fuego
M. S. D.
Lucha contra incendios, salvamento y rescates en el mar,
transportes medicalizados... «Si ves un helicóptero de emergencias, es
muy probable que sea Babcock», dice la compañía. El departamento de
Innovación de la empresa, que ha trasladado su sede a Galicia, está
desarrollando vehículos remotamente tripulados, herramientas y
equipamiento para convertirlos en aeronaves punteras para actuar ante
una situación de emergencia.
En Rozas, Babcock trabaja en la lucha
contra incendios y su esfuerzo e inversión en desarrollo de I+D está
enfocado a buscar soluciones tecnológicas para combatir el fuego y
proteger el medio ambiente. «Nuestro lema es salvamos vidas, salvamos
naturaleza y en situaciones tan críticas como la lucha contra incendios,
los drones y la tecnología que Babcock está desarrollando en Galicia
son clave para actuar con rapidez y eficacia», afirma José Luis Sanz,
director de Innovación de Babcock España, la antigua Inaer, ahora
convertida en filial de Babcock International Group, con sede en Reino
Unido .
El Gobierno quiere llenar de drones el espacio aéreo español
Fomento
presenta un plan que prevé que se multiplique por diez el uso de estas
aeronaves, desde la entrega de paquetes, los aerotaxis o la vigilancia
de fronteras
El Gobierno quiere que España se convierta en un paraíso para los drones.
Y no solo porque haya una industria potente que fabrique estas pequeñas
aeronaves sino también a través de una legislación que favorezca su uso
en todos los ámbitos, desde la entrega de paquetería, la agricultura,
los aerotaxis, la seguridad de edificios o la vigilancia de fronteras.
Este
es el objetivo último del Plan Estratégico para el Desarrollo de Drones
que ha presentado este lunes el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
que prevé que un crecimiento espectacular para esta industria en los
próximos años, de forma que se multiplique por más de diez el número de
aparatos que surquen los cielos españoles.
Así, el plan contempla que se pase de los 4.200 vehículos
aéreos no tripulados que existen en la actualidad en España a 51.400 en
2035 y 53.500 drones en 2050, lo que generará para entonces 11.000
puestos de trabajo y un impacto económico de 1.220 millones de euros en
2035 y de 1.520 millones para 2050.
El nuevo plan estratégico pretende ser la hoja de ruta para
el sector de los drones, en el que España, ha dicho, "ya está en una
posición de liderazgo". A corto plazo, el plan regulará los usos de los
drones para la agricultura, la filmación topográfica, el medio ambiente,
la obra civil y la minería. Más tarde, se ampliará su espectro a las
telecomunicaciones, el control de fronteras, las emergencias o a las
ciudades inteligentes.
De la Serna prevé que en 2030 la integración de los drones
en el espacio aéreo será completa, lo que facilitará la actividad de
carga de largo alcance, el transporte de viajeros, la aparición de
aerotaxis y la pequeña paquetería.
Nueva legislación
El plan estratégico 2018-2021 es la herramienta que va a
desarrollar la nueva regulación recogida en el real decreto aprobado el
pasado mes de diciembre, que amplió el marco adoptado inicialmente en
2014 sobre la actividad de los drones. La nueva norma establece los
requisitos para que los operadores de drones puedan desarrollar de forma
segura actividades en entornos en los que hasta ahora no era posible
hacerlo, como el sobrevuelo en las inmediaciones de edificios, reuniones
de personas al aire libre y vuelos nocturnos, aunque para ello es
necesario realizar un estudio de seguridad de la operación y tener una
autorización previa de Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), entre
otros requisitos.
También se permiten operaciones en espacio aéreo controlado,
aunque en este caso, se precisan requisitos de formación del personal y
de los equipos, así como un estudio aeronáutico de seguridad coordinado
con el proveedor de servicios de tránsito aéreo y la previa
autorización de AESA.
Existen en el mundo 700 grandes fabricantes de drones, para
un mercado copado mayoritariamente por Estados Unidos y China. En
Europa, España ocupa el tercer puesto en cuanto a peso específico en el
sector, por detrás de Francia y Polonia, con un 16% de la actividad.
Según los últimos datos de AESA, en España hay 3.041
operadores de RPAS (sistema aéreo tripulado de forma remota, por sus
siglas en inglés) de menos de 25 kilogramos, 4.375 aeronaves registradas
y 3.754 pilotos. El sector de los drones está muy atomizado, con más de
50 empresas, de las que tres de cada cuatro cuentan con menos de 10
empleados.
Las Autoridades europeas de PROTECCIÓN DE DATOS alertan de los riesgos del USO DE DRONES
Las Autoridades europeas de protección de datos analizan la
incidencia y los riesgos que la utilización de drones plantean para la
privacidad y la protección de datos de las personas, derivados de su
capacidad para captar y procesar datos personales, recogiendo las
obligaciones que deben cumplirse.
A
través de un Dictamen los expertos europeos ponene en evidencia los
desafíos que supone el despliegue a gran escala de estas aeronaves
equipadas con equipos de sensores, al tiempo que ofrece directrices para
interpretar las normas de protección de datos en el contexto de los
drones.
El
marco jurídico aplicable en relación con las implicaciones de
protección de datos derivadas del uso de drones en los Estados miembros
es la Directiva 95/46, en conexión con la Directiva 2002/58 de
Privacidad y Comunicaciones Electrónicas. Asimismo, existen
aspectos en las disposiciones legales nacionales aplicables a los
sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV, por sus siglas en
inglés) que también son de aplicación al uso de drones, en particular en
el caso de que estos se utilicen con fines de videovigilancia.
Las Autoridades ponen
de manifiesto que hay actividades de los drones que estarían excluidas
de la Directiva y, por tanto, de los criterios contenidos en este
Dictamen. Entre ellas, el uso de drones en un entorno estrictamente personal y doméstico, teniendo en cuenta que, en todo caso, este no incluiría situaciones de monitorización constante que afecte, aunque sea parcialmente, a espacios públicos.
El Dictamen recoge las obligaciones
que deben cumplirse antes de utilizar un dron, como verificar si es
necesaria una autorización específica de las autoridades de aviación
civil; encontrar el criterio más adecuado para que el tratamiento sea
legítimo, o cumplir con los principios de transparencia,
proporcionalidad, minimización en la captura de datos o limitación del
propósito para el cuál se procesan, entre otras.
El
GT29, que es el nombre con el que se conoce a Autoridades europeas de
protección, alerta de los riesgos que pueden surgir como consecuencia de
la captación y procesamiento de información -imágenes, sonido o datos
de geolocalización relacionados con una persona identificada o
identificable- llevados a cabo por un dron. Entre ellos, destaca la potencial falta de transparencia
de ese tipo de tratamiento debido a la dificultad tanto para divisar
estos aparatos desde el suelo como para conocer si el dron incorpora el
equipo necesario para procesar datos, con qué propósito se están
recogiendo y por quién. Teniendo en cuenta la amplia gama de servicios
ofrecidos basados en drones, el documento considera de “máxima
importancia” el hecho de que el responsable del tratamiento de datos y
el encargado del mismo estén claramente identificados para cada tipo de
operación efectuada.
Además,
el documento destaca que la versatilidad de estos aparatos y la
posibilidad de interconectarse entre sí facilitan la posibilidad de establecer “miradores únicos”
que permiten recoger fácilmente una amplia variedad de información
incluso sin visión directa, por largos períodos de tiempo y abarcando
grandes áreas.
En cuanto al procesamiento de datos mediante drones por servicios gubernamentales, el Dictamen especifica que este debe
llevarse a cabo dentro de los fines establecidos en la legislación y no
deben ser utilizados para la vigilancia indiscriminada, el tratamiento
masivo de datos, o la puesta en común de datos y perfiles.
Asimismo, el documento también incluye recomendaciones específicas dirigidas a legisladores, reguladores del sector, fabricantes y a quienes manejen drones, así como para las autoridades que utilicen estos dispositivos para el ejercicio de sus potestades. A juicio de las Autoridades, los legisladores y reguladores del
sector aéreo deben promover tanto en el ámbito nacional como en el
europeo un marco que garantice no sólo la seguridad en vuelo sino el
respeto por todos los derechos fundamentales.
En relación con los fabricantes,
incide en la necesidad de que estos adopten medidas de privacidad desde
el diseño y por defecto, y sugiere realizar evaluaciones de impacto en
la protección de datos como una herramienta adecuada para valorar el
impacto de las aplicaciones de drones sobre este derecho fundamental.
Para incrementar la concienciación entre los usuarios también aconseja
que, en el caso de dispositivos de pequeñas dimensiones, se incluya
información suficiente relativa al potencial intrusivo de estas
tecnologías y, cuando sea posible, mapas que identifiquen claramente
dónde está permitido su uso. En cuanto a los operadores
de estos aparatos, las Autoridades aconsejan evitar en lo posible volar
sobre zonas privadas y edificios, incluso cuando esté permitido su uso.
Finalmente, las Autoridades recuerdan que la recolección de datos personales de drones por parte de autoridades de orden público
que utilicen estas aeronaves en sus funciones de vigilancia y control
no debe permitir el rastreo constante y, en caso de que este fuera
necesario, debe quedar restringido al marco de las investigaciones
encaminadas a garantizar el cumplimiento de las normas legales.
Los jueces de lo contencioso anulan una sanción administrativa de 13.000 € a un operador de drones
La sentencia invalida la actuación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
evidenciado numerosas irregularidades en la instrucción del expediente.
Al mismo tiempo cuestiona la eficacia de los pantallazos de vuelos.
Los hechos se remontan a 2015, cuando AESA imputó a un operador de drones la comisión de varias infracciones administrativas aeronáuticas.
En concreto, se le acusaba de sobrevolar aglomeración de personas y
vuelos nocturnos e incumplir los requisitos para realizar actividades
aéreas de trabajos de filmación audiovisual.
Acto seguido, se inició el procediendo sancionador a estacionas de la
AESA. A pesar de los esfuerzos probatorios realizados en la vía
administrativa el expediente concluyó con una sanción de 13.000 €.
Tras ello, desde Díez y Romeo Abogados se recomendó
acudir a la vía judicial, al ver opciones y viabilidad de anular las
sanciones impuestas. Tras los trámites seguidos ante el Juzgado Central
de lo Contencioso Administrativo Nº 1, el Juez dictó una Sentencia que
anula las sanciones.
El Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia es realmente
contundente a la hora de evaluar la actuación de la AESA. En se dan las
razones de la anulación:
– Los visionados de videos y capturas de pantalla realizados por un funcionario, no son suficientes para adquirir certeza probatoria.
– El instructor de la AESA denegó todos los medios de prueba propuestos en contra de lo dispuesto en la normativa.
Literalmente el juez señaló lo siguiente:
“Pues bien, en el presente caso, por un lado no se motivó por el instructor la denegación de los medios de prueba propuestos en contra de lo dispuesto en la normativa,
y tampoco lo hizo suficientemente la resolución sancionadora, no siendo
hasta la resolución que desestima el recurso de reposición cuando se
ofrece tal motivación, momento en que desde luego ya no procedía la
eventual admisión y práctica de prueba alguna pues el procedimiento
había finalizado con la resolución sancionadora”.
Además de ello “ya se ha expresado que en este caso no existió visita
presencial de agentes de la autoridad ni inspección ni acto formalizado
en documento público, sino que el expediente se basó en visionados de
videos y capturas de pantalla realizados por un funcionario, estimando
este juzgador que, para adquirir certeza probatoria, el visionado de
tales videos y capturas de pantalla debería como mínimo ser objeto de
certificación por funcionario habilitado con facultades certificantes, y
que contuviera referencia de los equipos usados para realizar las
capturas de imagen, PC y software utilizado para el tratamiento de
datos, incorporando las certificaciones técnicas sobre su verificación
que acreditasen que se encontraban en perfectas condiciones de
funcionamiento, fechas de captura de los enlaces y pantallazos,
contenido y conservación de la información, así como de los
procedimientos técnicos que garanticen la fiabilidad y autenticidad de
las capturas, de forma que la petición de pruebas relativas a los
aspectos expresados no se puede considerar superflua o ajena al
contenido del expediente y debió ser admitida por resultar relevante
para poder constituir la prueba de cargo del expediente sancionador”.
Cada día es más común identificar hechos y acontecimientos con las
nuevas tecnologías. Y no es inusual en el ámbito del derecho sancionador
utilizar las capturas de pantallas para reflejar hechos relevantes.
Cuestión distinta es que los pantallazos sean la prueba más relevante
para fundamentar la imposición de sanciones a los operadores de drones.
Desde AESA se han incoado muchos expedientes sancionadores basados en
capturas de pantallas de vuelos promocionales en las webs de los
operadores. La mera publicidad de filmaciones audiovisuales con drones en Internet, comportaba un riesgo de sanción a pesar de que, en ocasiones, los vuelos ni siquiera eran atribuibles al operador.
Esta situación está generando un sinfín de denuncias a AESA
entre competidores resentidos que terminan con sanciones a empresas que
filman trabajos audiovisuales con Rpas, eso es sistemas de aeronave pilotada remotamente.
En este procedimiento parece haberse acotado estas prácticas ya
que por primera vez se ha analizado la validez de los pantallazos como
prueba de cargo para sancionar a los operadores de Drones.
Sobre el alcance como prueba documental de los pantallazos obtenidos,
partiendo incluso de su documentación posterior para su incorporación
al procedimiento, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segundo
(Penal), de 19 de mayo de 2015, matiza el alcance probatorio documental,
en los siguientes términos:
“Las conversaciones mantenidas entre …………….., incorporadas a la causa
mediante “pantallazos” obtenidos a partir del teléfono móvil de la
víctima, no son propiamente documentos a efectos casacionales.
Se trata de una prueba personal que ha sido documentada a posteriori
para su incorporación a la causa. Y aquellas no adquieren de forma
sobrevenida el carácter de documento para respaldar una impugnación
casacional. Así lo ha declarado de forma reiterada esta Sala en
relación, por ejemplo, con las transcripciones de diálogos o
conversaciones mantenidas por teléfono, por más que consten en un
soporte escrito o incluso sonoro (por todas, SSTS 956/2013 de 17
diciembre (RJ 2013, 8208); 1024/2007 (RJ 2008, 816), 1157/2000, 18 de
julio (RJ 2000, 7113) y 942/2000, 2 de junio (RJ 2000, 6099))”
Esta doctrina ha entrado de lleno en el sector de los drones en favor
de los operadores que se encuentran incursos en expedientes
sancionadores de AESA.
El letrado que dirigido la defensa del operador de Drones, Jaime Rodríguez Díez,declara
que es la primera vez que las capturas de pantallas de vuelos de RPAs
se analizan desde la perspectiva del Derecho Penal. No hay que olvidar que el derecho sancionador en el ámbito administrativo se nutre de los principios del Derecho Penal.
En definitiva, el Juzgado así enmienda la plana a una Administración
que está más preocupada por sancionar que por terminar de regular las
actividades de los operadores de drones.
El Gobierno aprobará a principios de 2018 un Plan Estratégico para regular la industria de los drones
Pendientes aún de su publicación en el BOE, el Consejo de Ministros del pasado 15 de diciembre aprobaba un Real Decreto que desarrolla y amplía el marco normativo adoptado inicialmente por la Ley 18/2014 para la realización de actividades con aeronaves pilotadas por control remoto, drones.
Este Real Decreto, según fuentes del Gobierno, “impulsa el crecimiento
de un segmento emergente, íntimamente ligado al desarrollo y a la
innovación tecnológica”.
La aprobación en 2014 de un marco regulador temporal para la realización de actividades con drones “ha
facilitado el desarrollo de este sector emergente”, informaron fuentes
del Gobierno central. Ahora en el primer trimestre del año se espera un
Plan Estratégico más detallado que impulse la industria de este sector.
Para atestiguar este desarrollo, desde el Ejecutivo se apunta que en tres años “se han habilitado en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) casi 3.000 operadores, 3.693 pilotos y 4.283 drones,
lo que pone de manifiesto la creciente relevancia de esta nueva
actividad, a la que además también se dedican en España 74 escuelas de
formación y una veintena de fabricantes”.
La norma temporal vigente hasta ahora establecía unos requisitos
mínimos para la operación con este tipo de aeronaves, pero no abarcaba
toda la casuística de potenciales actividades que el sector ha venido
planteando durante todos estos meses.
El RD establece las condiciones que deben cumplir las organizaciones
de diseño, fabricación y mantenimiento de este tipo de aeronaves, así
como los requisitos de formación para su pilotaje, todo ello en términos
equivalentes a los marcos normativos existentes en otros países
europeos.
El Real Decreto aprobado desarrolla el marco normativo adoptado
inicialmente por el Real Decreto Ley 8/2014 para facilitar el avance de
una actividad económica emergente, al tiempo que establece las medidas
necesarias para la realización segura de las operaciones en las que
intervengan estas aeronaves, reza la nota de prensa oficial.
Actualizar una legislación que ya se había quedado desfasada
Para Joaquín Muñoz, socio del área de Tecnologías y
Privacidad de Ontier “El Real decreto aprobado viene a dar respuesta a
la petición del sector que, desde que se aprobase hace tres años la
normativa temporal, ha venido demandando que esta se desarrollase y
deviniera definitiva de cara a cubrir todas las actividades que se
pueden realizar con esta tecnología”.
A su juicio “Algunas actividades para las que parecía evidente que
los drones aportaban una solución económica y sencilla, como son la
grabación de reuniones de personas (en manifestaciones, conciertos,
eventos deportivos, entre otros), el sobrevuelo en las inmediaciones de
edificios (para inspecciones técnicas o con finalidad de seguridad), o
la realización de vuelos nocturnos, no estaban permitidos en el marco de
la anterior normativa y este Real Decreto sí que los permite previo
estudio de seguridad de la operación y autorización previa de AESA,
entre otros requisitos”.
Otra cuestión es que va a “Acreditar la formación del
personal que vaya a manejar los drones, así como los estudios de
seguridad sobre las aeronaves y las actividades que se vayan a llevar a
cabo va a ser la clave en el marco de esta nueva regulación de
cara a poder legitimar los vuelos que se realicen con este tipo de
aeronaves.”
Al mismo tiempo “se espera que durante el primer trimestre de 2018,
esta normativa sea completada con la publicación por el Ministerio de
Fomento con la publicación del ‘Plan Estratégico de Drones’, que especificará los aspectos prácticos y procedimentales que afectan a la normativa”, destaca este abogado
Desde su punto de vista, “No cabe duda de que esta normativa va a
suponer un gran avance para un sector con un potencial enorme y cuyo
avance estaba, de alguna forma, limitado por una normativa
desactualizada respecto del desarrollo tecnológico y que exigía
requisitos y autorizaciones que no respondían a la realidad del uso
potencial de la tecnología”.
“El uso de aeronaves pilotadas por control remoto con garantías
normativas, va a suponerla transformación digital de muchos sectores
-como el militar, agrario, infraestructuras, seguridad, entre otros-
que, con el uso de drones para todo tipo de actividades, conseguirán optimizar recursos y reducir costes en muchos de sus procesos”.
La nueva norma establece los requisitos para que los operadores de
drones puedan desarrollar de forma segura actividades en entornos en los
que hasta ahora no era posible hacerlo: como el sobrevuelo en las
inmediaciones de edificios, reuniones de personas al aire libre y vuelos
nocturnos, aunque para ello será necesario realizar un estudio de
seguridad de la operación y tener una autorización previa de Aesa, entre
otros requisitos.
También se permiten operaciones en espacio aéreo controlado, aunque
en este caso se precisarán requisitos de formación del personal y de los
equipos, así como un estudio aeronáutico de seguridad coordinado con el
proveedor de servicios de tránsito aéreo y la previa autorización de
Aesa.
Asimismo, establece las condiciones que deben cumplir las
organizaciones de diseño, fabricación y mantenimiento de este tipo de
aeronaves, así como los requisitos de formación para su pilotaje, todo
ello en términos equivalentes a los marcos normativos existentes en
otros países europeos.
La nueva normativa de uso de drones abre un filón de servicios en las ciudades
El
Real Decreto que acaba de entrar en vigor legaliza el uso de estos
aparatos para el control del tráfico en las carreteras, entre otras
funciones
Pocos días después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la entrada en vigor de la nueva normativa que regula el uso de drones en España e
introduce su empleo en las ciudades, la Dirección General de Tráfico
(DGT) anuncia también una funcionalidad pionera para esos dispositivos. Ahora los aparatos velarán desde el aire por el flujo de la circulación en las carreteras españolas.
Ese «ahora» fue matizado pocos minutos después del anuncio por el responsable de la DGT, Gregorio Serrano, para aclarar que «durante 2018 los funcionarios de Tráfico se formarán en el empleo de drones» y su puesta en marcha será una realidad ya el próximo año 2019. Los drones se usarán tanto para el control de la movilidad como de acciones que influyen en la siniestralidad, como las distracciones al volante con el teléfono móvil, responsables del 32% de los accidentes del año pasado.
Lo curioso es que esa operatividad será compatible con los helicópteros
Pegasus y más radares móviles acoplados a los equipos de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil, destinados ambos a sancionar las
infracciones de tráfico y velar por el cumplimiento de las normas en
carretera. Según Serrano, hace falta más control, porque muchas muertes
todavía se vinculan con pisar demasiado el acelerador.
El
responsable de Tráfico, que compareció este miércoles en rueda de prensa
para dar cuenta del balance de la siniestralidad vial durante 2017
(cuando hubo 1.200 muertos en vías interurbanas, más de
un 3% por encima que el año anterior), señaló que la finalidad del uso
de drones no es la de recaudar, sino la de garantizar la seguridad vial,
aunque desde algunas asociaciones ya se haya cuestionado la medida. «Se
trata de una medida colorista. Los radares y los drones jamás lograrán reducir la siniestralidad
vial», alega Pedro Javaloyes, portavoz de la asociación en defensa de
los conductores Dvuelta. Serrano rebatió ayer esta afirmación al
asegurar que España «es el país con menor número de radares fijos
por millón de habitantes de Europa» y que el manejo de los drones va a
incrementar el cuidado por parte de los conductores al volante. La
regulación de los drones se hará mediante Real Decreto, que ya está
preparado, comentó a la prensa Serrano.El
control aéreo del tráfico es uno más de los nuevos escenarios
operacionales previstos y ya legales para los drones en nuestro país,
acorde con la nueva normativa vigente desde el 30 de diciembre. Con este
reglamento, los aparatos podrán volar en espacio aéreo controlado,
realizarán vuelos nocturnos, sobre reuniones de personas al aire libre o
impulsarán nuevas actividades urbanas, siempre que cumplan los
requisitos de seguridad exigidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Requisitos exigidos
Dichas especificaciones redundan en medidas relativas al uso recreativo de los drones. La ley recoge una serie de limitaciones, como que los vuelos se realicen, por lo general, fuera de los entornos urbanos, de día, alejados a más de ocho kilómetros de los aeropuertos,
siempre a la vista, a un máximo de 120 metros del suelo, en condiciones
meteorológicas adecuadas, en espacio aéreo controlado y sin poner en
peligro a personas y bienes en tierra.
«El campo de aplicación de este tipo de aparatos es extensísimo»,
afirman a ABC desde la Agencia Estatal, organismo encargado de otorgar
los permisos para este tipo de operaciones. Junto a los servicios ya
conocidos prestados en la agricultura, topografía o vigilancia, explican
desde AESA, «cada día surgen nuevas aplicaciones, como el uso de drones para el control fiscal, por ejemplo, de propiedades declaradas como zonas no urbanizadas, o en la lucha contra los grafiteros, como ya se hace en Alemania». En el municipio valenciano de Algemesí, por ejemplo, ya se usan drones para vigilar los hurtos de campo de naranjas.
También
se podrán emplear en otros ámbitos como la limpieza de rascacielos, la
inspección de fisuras o daños arquitectónicos de monumentos
emblemáticos, así como el control de plagas de mosquitos, vigilancia de
la actividad volcánica, las crecidas fluviales, localizar bancos de
pesca, investigar la vida salvaje o la filmación de películas, entre
otras muchas. «Cuantas más utilidades, cuanto más desarrollo tecnológico
y normativo, más crecimiento se requerirá a los profesionales del sector, no sólo a los pilotos», señalan desde AESA. Hasta
ahora, el único escenario operativo legal eran vuelos de día y en zonas
rurales, fuera de las ciudades. Con la nueva ley, en zonas despobladas
el radio de visión de 500 metros se amplía otros 500 metros, siempre que
se vea el dron
Casi 3.000 empresas
Desde
2014, cuando tuvo lugar la aprobación del primer marco regulador
temporal para actividades con drones, se han habilitado en nuestro país casi 3.000 empresas operadoras, además de 3.693 pilotos y 4.283 dispositivos. «La anterior legislación no abarcaba toda la casuística de potenciales actividades que el sector ha venido planteando durante estos meses», afirman desde AESA, que espera un «importante impulso» en este ámbito con la ampliación de esta regulación, plasmada en un Real Decreto.
De
momento, según datos de la agrupación de seguridad aérea, la actividad
más demandada entre los permisos solicitados es la de «fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos»,
con más de 1.600 dispositivos controlados que se dedican a esta tarea.
Siguen la vigilancia aérea (525 drones), las operaciones de emergencia y
salvamento (425), actividades de investigación y desarrollo (359) y la
publicidad aérea (274), aunque se reciben solicitudes para una decena de
operaciones más.
Siniestralidad de los drones
Sin embargo, los datos sobre la siniestralidad de los drones no son alentadores: la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha registrado en los últimos cinco años 606 incidentes, 37 de ellos clasificados como «accidentes». Por su parte, el Gobierno de Portugal,
uno de los países con una legislación más permisiva para el sector,
tuvo que rebajar a 120 metros de altura como máximo el vuelo de estos
dispositivos y prohibirlo en las áreas de aproximación y despegue de un
aeropuerto, a semejanza de Reino Unido, donde se multiplicaron los sucesos con drones implicados.
«Es
importante que se haga un análisis profundo sobre las serias
consecuencias de un impacto con un dron, ya que llevan unas baterías
eléctricas que contienen litio, que es el elemento sólido más ligero»,
advirtieron desde el sindicato de pilotos Balpa (Asociación de Pilotos
Aéreos Británicos), que exigía una regulación de estos dispositivos para
evitar futuros incidentes. En EE.UU. se reportaron solo en seis meses un total de 582 incidentes con dronesEn Estados Unidos,
solo en el primer semestre de 2016 se notificaron 582 incidentes
parecidos, tras la puesta en marcha de la normativa que obligaba a los
propietarios de drones a registrarse en una base de datos pública. En
junio de ese año, establecía nuevas condiciones de la ley, como límite
de volocidad (a 160 kilómetros por hora), o informar de su actividad al
control de tráfico aéreo si planeaban volar sobre áreas con mucha
población o con tráfico aéreo pesado.
«De la seguridad depende el futuro del sector.
Todas las posibilidades que tiene el desarrollo de los drones se
acabarían si no fuera así. Hay que garantizar la seguridad del resto de
las aeronaves con las que comparten el espacio aéreo, hay que asegurar
que nada ni nadie corren peligro y, por supuesto, que estas aeronaves
pilotadas por control remoto no son utilizadas de forma ilícita», señala
al respecto de la polémica AESA. «Sin seguridad no hay sector», dice el
organismo estatal.
Repartidores aéreos
Algunas
grandes compañías de comercio y logística, con el gigante Amazon a la
cabeza, aseguran que el futuro del reparto de mercancías está en los
drones. «Algún día, los vehículos Prime Air -el proyecto de Amazon basado en la entrega de paquetes por aeronaves no tripuladas- serán tan normales como hoy lo son los camiones de reparto de
correo que recorren las carreteras», alegan desde la empresa. De hecho,
ya se realizan entregas de medicamentos y sangre por parte de los
hospitales por encima de los atascos, aunque solo en casos excepcionales
y en situaciones de emergencia.
¿Será ése el futuro? Sobre si se podrán ver drones transportando mercancías, como una suerte de «repartidores aéreos», desde AESA son rotundos: «El uso de drones como medio de transporte, ya sea de pasajeros o mercancías, no está contemplado, una vez que no se han dado a nivel internacional condiciones objetivas de seguridad para realizar ese tipo de operaciones».
Con todo, la norma española abre las posibilidades de un sector controvertido y será un «campo de pruebas» para la legislación comunitaria europea, la U-Space,
que llegará en el año 2019 y de la que ya existe un primer borrador,
que aún debe ser pulido por la Comisión Europea. En España se está
trabajando muy bien a nivel regulatorio, dijo a Efe el profesor de la
Universidad Politécnica de Valencia, Israel Quintanilla, con una
integración paulatina de los drones en la vida cotidiana.
Los drones alzan el vuelo en las ciudades españolas
El nuevo decreto amplía a cinco los escenarios operativos de estas aeronaves no tripuladas
La nueva normativa de uso de drones en España abre un filón de servicios en las ciudades: los hospitales podrán transportar sangre y material urgente por encima de atascos y calles anegadas por lluvias, las fuerzas de seguridad vigilarán mejor y los monumentos podrán ser inspeccionados desde el aire.
El nuevo real decreto sobre uso de drones, que entrará en vigor este sábado tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), amplía a cinco los escenarios operativos de estas aeronaves no tripuladas, que desde ahora podrán volar también en las ciudades, siempre y cuando cumplan con los requisitos de seguridad exigidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
"No hay que confundirse, no es que ahora vayamos a ver drones volando por la ciudad sin ningún control, ni mucho menos", pero sí se utilizarán para muchos más servicios, asegura a Efefuturo el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Israel Quintanilla, director del máster en Construcción, Pilotaje y Aplicaciones de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (MUAS) en la UPV, que cuenta con más de cien profesores y 30 instituciones y empresas involucrados en su docencia.
Hasta ahora, el único escenario legal operativo para drones era el vuelo de día en zonas rurales, fuera de las ciudades.
Desde 2014, con la aprobación del primer marco regulador temporal para actividades con drones, se han habilitado casi 3.000 empresas en el sector, además de 3.693 pilotos y 4.283 drones; También se dedican a ello en España 74 escuelas de formación y una veintena de fabricantes, según datos oficiales.
Con el nuevo reglamento se impulsarán nuevos escenarios operacionales, como poder volar en espacio aéreo controlado, vuelos nocturnos, o impulsar nuevas actividades urbanas como la limpieza de rascacielos, inspección de fisuras o daños arquitectónicos de monumentos emblemáticos, control aéreo del tráfico, vigilancia de costas, según el experto.
Bajo el requisito obligatorio de la seguridad, en España los drones podrán sobrevolar entornos urbanos con personas, siempre que no sobrepasen los 120 metros de altura ni un peso superior a 10 kilogramos.
En el caso de que la actividad pudiera entrañar riesgos, según AESA, se exigirían medidas para mitigarlos (ampliar el número de hélices de los drones, acompañarlos de paracaídas, acordonar zonas de trabajo para evitar accidentes, etc).
El radio visual máximo de desplazamiento de los drones en la ciudad será de cien metros, a una distancia de al menos 50 metros en horizontal de edificios y personas, lo que hace pensar que de momento, multinacionales como Amazon no optarán por transportar mercancías por el aire, según el experto.
El doctor ingeniero de la UPV y miembro de la Comisión Asesora de Drones de AESA recuerda que Amazon ya ha realizado pruebas de transporte de mercancías con aeronaves no tripuladasen el Reino Unido, y "lo que quiere es que el proceso sea automatizado". Sin embargo, actualmente toda la normativa a nivel internacional exige un piloto detrás del dron.
Con la nueva regulación de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), que es como se denominan técnicamente los drones pilotados, estas aeronaves también podrán volar por la noche y en el espacio aéreo controlado, es decir, en el de la aviación tripulada.
Asimismo, el nuevo reglamento determina que en zonas despobladas el radio de visión de 500 metros (que equivale aproximadamente a 80 hectáreas, es decir unos 160 campos de fútbol) es ampliable a otros 500 sucesivamente, siempre que un observador mantenga contacto visual con el artefacto.
Todos estos nuevos escenarios operacionales fomentarán el crecimiento del sector por permitir actividades que hasta la actualidad no eran viables. Así, se podrá ampliar la superficie de vuelo de servicios de agricultura de precisión, cartografía, vigilancia de cultivos, control de vertidos de escombros, o inspección de construcciones ilegales en el campo que ya se venían haciendo en espacios más reducidos.
En España, se está trabajando "muy bien a nivel regulatorio" con una integración paulatina de los drones en la vida cotidiana. "Estamos en la misma fase legislativa que países como Alemania, Reino Unido o Francia", señala Quintanilla.
Se están generando aplicaciones y casos de éxito que hasta hace poco eran "impensables", como el caso del ayuntamiento valenciano de Algemesí, que utiliza drones para la vigilancia de hurtos de campos de naranjas, y también se usan para servicios de emergencias o vigilancia marítima.
Quintanilla insiste en que la nueva normativa "permitirá cualquier actividad siempre que se disponga del correspondiente estudio de seguridad operacional" realizado por el operador del dron, y en su caso, aprobado por AESA, haciendo uso de la metodología SORA que ha sido desarrollada por el organismo internacional JARUS.
Desde AESA se está haciendo "un gran esfuerzo" para que la nueva normativa sea acorde a la futura legislación que se aplicará en Europa en el año 2021, añade el experto
Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea
NUEVO MARCO REGULADOR PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON DRONES
Facilitará un mayor desarrollo de este sector emergente, que tiene
un importante potencial de crecimiento y ha creado en España casi tres
mil empresas en tres años
Se amplía la regulación existente del uso profesional y se
establecen limitaciones al uso recreativo, todo ello atendiendo a
criterios de seguridad aérea y de seguridad pública
Los profesionales podrán volar sobre poblaciones, personas, en
espacio aéreo controlado y de noche, tras presentar un estudio de
seguridad y con autorización previa de AESA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real
Decreto que desarrolla y amplía el marco normativo adoptado inicialmente
por la Ley 18/2014 para la realización de actividades con aeronaves
pilotadas por control remoto (drones). Se impulsa, así, el crecimiento
de un segmento emergente, íntimamente ligado al desarrollo y a la
innovación tecnológica.
La aprobación en 2014 de un marco regulador
temporal para la realización de actividades con drones ha facilitado el
desarrollo de este sector emergente. Prueba de ello es que en tres años
se han habilitado en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) casi
3.000 operadores, 3.693 pilotos y 4.283 drones, lo que pone de
manifiesto la creciente relevancia de esta nueva actividad, a la que
además también se dedican en España 74 escuelas de formación y una
veintena de fabricantes.
La norma temporal vigente hasta ahora establecía
unos requisitos mínimos para la operación con este tipo de aeronaves,
pero no abarcaba toda la casuística de potenciales actividades que el
sector ha venido planteando durante todos estos meses.
Nuevos escenarios operacionales
El Real Decreto ahora aprobado desarrolla el
marco normativo adoptado inicialmente por el Real Decreto Ley 8/2014
para facilitar el avance de una actividad económica emergente, al tiempo
que establece las medidas necesarias para la realización segura de las
operaciones en las que intervengan estas aeronaves.
Así, la nueva norma establece los requisitos para
que los operadores de drones puedan desarrollar de forma segura
actividades en entornos en los que hasta ahora no era posible hacerlo,
como el sobrevuelo en las inmediaciones de edificios, reuniones de
personas al aire libre y vuelos nocturnos, aunque para ello será
necesario realizar un estudio de seguridad de la operación y tener una
autorización previa de AESA, entre otros requisitos.
También se permiten operaciones en espacio aéreo
controlado, aunque en este caso se precisarán requisitos de formación
del personal y de los equipos, así como un estudio aeronáutico de
seguridad coordinado con el proveedor de servicios de tránsito aéreo y
la previa autorización de AESA.
Igualmente, establece las condiciones que deben
cumplir las organizaciones de diseño, fabricación y mantenimiento de
este tipo de aeronaves, así como los requisitos de formación para su
pilotaje, todo ello en términos equivalentes a los marcos normativos
existentes en otros países europeos.
Este Real Decreto contiene, además, medidas
relativas al uso recreativo de los drones, estableciendo una serie de
limitaciones destinadas a garantizar la seguridad del espacio aéreo y de
la ciudadanía.
Los requisitos establecidos en el nuevo Real
Decreto están sujetos a la supervisión y control de AESA y su
incumplimiento constituye una infracción administrativa en el ámbito de
la aviación civil conforme a lo previsto en la Ley de Seguridad Aérea,
del 7 de julio de 2003.
Otras disposiciones
Adicionalmente, y dada la especial afectación a
la seguridad pública que puede implicar el uso de este tipo de
aeronaves, el nuevo Real Decreto incorpora una serie de disposiciones
complementarias:
Se comunicará previamente al Ministerio del Interior la ejecución de operaciones sobre aglomeraciones y zonas urbanas.
Por motivos de seguridad pública, las autoridades competentes en la materia podrán limitar la operación de drones.
Plan Estratégico
Durante el primer trimestre de 2018, el
Ministerio de Fomento complementará el nuevo marco con la publicación
del Plan Estratégico de Drones, una herramienta que, más allá del ámbito
regulador, permitirá definir de forma transversal los ejes y las líneas
de actuación para potenciar al máximo este segmento de la industria en
nuestro país, poniendo todo su potencial tecnológico e innovación al
servicio de los ciudadanos.
Luz verde a la norma de drones para facilitar su desarrollo
Permitirá volar sobre ciudades y personas, y también de noche
El Gobierno dio ayer luz verde al decreto que regula el uso de los aeronaves pilotadas por control remoto
(drones), un marco legal por el que llevaban tiempo esperando
operadores gallegos, hasta 185 empresas autorizadas por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La demora en su aprobación había
provocado que algunas industrias se dieran de baja del registro oficial
por falta de rentabilidad, ya que hasta ahora este negocio se regulaba
por una ley del 2014 que requería de desarrollo, e impedía algunas de
las posibilidades que brindan este tipo de vehículos.
El nuevo marco normativo trata ahora de
ordenar y facilitar el desarrollo de un «mercado emergente e innovador
tecnológicamente», según Fomento. Permitirá su utilización en entornos donde hasta ahora no era posible: sobrevuelo en inmediaciones de edificios, poblaciones y reuniones de personas al aire libre, y en vuelos nocturno.
En todo caso, solo podrán volar en esas circunstancias tras presentar
un estudio de seguridad y con autorización previa de la AESA.
También se permiten operaciones en espacio aéreo controlado,
aunque en este caso, se precisarán requisitos de formación del personal
y de los equipos, así como un estudio aeronáutico de seguridad
coordinado con el proveedor de servicios de tránsito aéreo y la previa
autorización. Para ello, el nuevo marco contiene medidas relativas al
uso recreativo de los drones, estableciendo limitaciones destinadas a
garantizar la seguridad del espacio aéreo y de la ciudadanía.
La norma establece las condiciones que se
deben cumplir en diseño fabricación y mantenimiento de este tipo de
aeronaves, algo que podría afectar a los proyectos en marcha en el proyecto público-privado de Rozas (Lugo), por el volumen de los drones cuya construcción está prevista en ese aeródromo.
Coincide en el tiempo con un principio de acuerdo en la UE
para establecer las primeras reglas comunes para el uso civil de drones
en Europa, con exigencias mínimas en materia de seguridad y protección
de datos y un registro de drones.
También en los juguetes
El
real decreto establece, además, un régimen mínimo para el uso
recreativo de los drones (juguetes), fijando una serie de limitaciones
destinadas a garantizar la seguridad del espacio aéreo y de la
ciudadanía.
Durante el primer trimestre del 2018,
Fomento complementará el nuevo marco con la publicación del Plan
Estratégico de Drones, una herramienta que, más allá del ámbito
regulador, permitirá definir las líneas de actuación para potenciar este
negocio.
Afirma que las utilidades son casi infinitas, la clave está en convertir esa utilidad en dinero
Visibilizar el trabajo que se está desarrollando en Galicia
en el sector de los drones. Este es uno de los objetivos que se marcó el
Consorcio Aeronáutico Gallego a la hora de programar la jornada sobre
el presente y el futuro del sector, que ayer reunió en Vigo a un grupo
de expertos. Analía López, directora del área sensórica del Instituto
Tecnológico de Galicia fue una de las ponentes.
-¿En qué momento se encuentra a día de hoy el mercado?
-El mercado civil de drones es todavía inmaduro. Hay una
barrera importante que es la regulación. Tiene que evolucionar y
permitir más flexibilidad partiendo siempre de un entorno seguro.
-¿Además de leyes, qué se necesita para que despegue el sector?
-Invertir en tecnología. En este sentido, la Xunta está
impulsando el sector con iniciativas que llevan aparejada inversión. El
objetivo es que sirva de efecto tractor. De hecho, empresas como Indra o
Babcock ya están en la carrera. Indra está creando un gran centro de
datos. Se trata explotar esa información.
-¿De qué forma?
-Pocas
aplicaciones están haciendo dinero, pero ya estamos aplicando el dron
como herramienta en la mejora de la gestión de cultivos, de control del
agua, de eficiencia energética... Donde habrá un mercado importante será
en las inspecciones, por ejemplo de grandes construcciones de obra
civil, como puentes o instalaciones de gas. Ahí habrá un nicho de
negocio, igual que en acuicultura, cartografía..., las utilidades son
casi infinitas, la clave es convertir esa utilidad en dinero.
-¿Cómo está Galicia en relación con el resto de España?
-En innovación, somos pioneros. Incluso podemos ser referentes a nivel internacional.
-¿Se atreve a vaticinar cuándo veremos las primeras aplicaciones reales de negocio?
-Es
complicado. Si se cumplen los plazos previstos para que entre en vigor
la ley europea, quizá en el 2020. De lo que sí estoy casi segura es de
que arrancará con labores de inspección y grandes infraestructuras.
La Xunta busca una empresa para gestionar el tráfico aéreo de la comunidad con drones
El proyecto será licitado por seis millones y
prevé atraer "a una gran firma del sector" - El Consorcio Aeronáutico
celebrará en marzo su segundo congreso
La Xunta prevé licitar antes de final de año un proyecto para la gestión del tráfico aéreo gallego con drones. Enmarcado en el plan Civil UAVs Initiative,
contará con seis millones de euros y con él se prevé atraer a Galicia
"a una gran empresa del sector", como explicó la directora de la Agencia
Gallega de Innovación, Patricia Argerey, que participó ayer en Vigo en
una jornada organizada por el Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG).
La
licitación es una de las dos que restan por ser publicadas -ya se
anunciaron varias licitaciones de soluciones tecnológicas por 17,3
millones- y la más abultada en cuanto a presupuesto. Según la Xunta el
tema de la gestión del espacio aéreo es uno de los "problemas más
críticos de los UAVs en la actualidad". Con ello se buscará como hacer convivir
a los aviones tripulados con los no tripulados, coordinando las zonas
de vuelvo y garantizando la seguridad. "Por las características va a
haber pocas empresas que cumplan esos requisitos", explicaron fuentes
del sector, en relación a la participación de una gran empresa o un
consorcio, como ya sucede con Indra y Babcock en el polo situado en
Rozas.
La noticia surgió durante la jornada
técnica organizada por el CAG, en la que también participó el Instituto
Tecnológico de Galicia (ITG) y el Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales (FADA-CATEC).
El presidente del CAG, Enrique
Mallón, explicó que la jornada nace de la necesidad de "visibilizar los
programas existentes en Galicia relacionados con las tecnologías UAVs" y
anunció la "plena confianza" del consorcio "en el potencial de las
empresas del tejido industrial gallego".
Tras la clausura de la jornada el CAG celebró su asamblea general, en la que se acordó la celebración el próximo 21 de marzo en Vigo del II Congreso Internacional Aeronáutico y Espacial de Galicia.
El sector gallego de drones sufre las primeras bajas por falta de actividad
El bum de operadores choca con las restricciones de vuelo de la regulación en vigor
En apenas dos años, el sector dedicado a la aviación no
tripulada en Galicia ha pasado de contar con 14 operadores (en el año
2015) a cerrar el 2017 con 185 empresas autorizadas por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Se reparten así: 88 en A Coruña, 60
en Pontevedra, 21 en Lugo y 16 en Ourense. Podrían incluso ser más, si
no fuera porque al menos una decena se han dado de baja a lo largo de
este año por falta de actividad, según datos de la propia AESA.
El
problema es que la industria de los drones en España y en Galicia sigue
a la espera de que se apruebe definitivamente el real decreto que
regulará la actividad de este sector. El último borrador del texto legal
fue aceptado el 27 de octubre del 2016. Desde entonces, el clamor de
fabricantes y operadores se ha convertido en una suerte de grito de
auxilio, porque la normativa que está en vigor desde octubre del 2014 es
provisional y muy restrictiva, según Aerpas, la asociación de usuarios
de drones más grande de España.
Con la actual normativa, ningún dron puede volar por encima
de los 120 metros, por la noche o sobre ciudades o aglomeraciones al
aire libre, ni a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto.
¿De
qué viven los 185 operadores registrados en la comunidad? En Galicia,
casi la totalidad se dedican a tres ámbitos de actuación: fotografía,
vídeo y levantamientos aéreos (topografía o fotogrametría). A gran
distancia siguen otras actividades como observación y vigilancia aérea,
emergencias, investigación, exploración o publicidad aérea.
Pero no hay trabajo para todos. Al menos no con la ley en
vigor. ¿Qué negocio se puede hacer con estas fuertes restricciones? He
ahí la cuestión y la clave de que algunos operadores (la mayoría
registrados como autónomos) estén empezando tirar la toalla por falta de
trabajo.
Los datos del resto revelan que dos de
cada diez empresas todavía no han facturado nunca y que más de la mitad
(un 53 %) realizan menos de diez trabajos al año o, lo que es lo mismo,
ni uno al mes.
La ley se hace esperar
Fomento
prometió que la nueva legislación estaría en vigor antes de finalizar
el año. Ese texto supondrá un fuerte impulso para la industria, ya que,
según el borrador, se podrán realizar operaciones sobre aglomeraciones
de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de
personas al aire libre con aeronaves cuya masa al despegue no exceda de
10 kilos. También posibilitará los vuelos nocturnos, con una
autorización expresa de la AESA.
Dice el sector que el nuevo marco legal
seguirá siendo restrictivo para los aparatos de más de 25 kilos, como
los modelos Targus de Indra o los Lúa de Babcock, los drones estrella del aeródromo de Rozas,
en donde la Xunta impulsa el CIAR (Centro de Investigación Aeroportada
de Rozas). Estos aparatos requerirán autorización específica de la AESA
para poder volar.
La multa más elevada impuesta por operar fuera de la ley asciende a 14.500 euros
Mediodía
en Vigo. Dos policías locales obligan a un operador a poner en tierra
un dron que sobrevolaba unos edificios en la avenida Hispanidad. Los
agentes intervinieron por las llamadas de algunos vecinos, molestos por
el ruido del aparato, que se paseaba ante sus ventanas. Estaba tomando
imágenes del estado de las fachadas. Pero el piloto estaba infringiendo
la ley.
Las multas a las que se exponen las
empresas que se saltan la normativa en vigor están definidas en la Ley
de Seguridad Aérea. Oscilan, en función de la gravedad, entre 60 y
225.000 euros (en el caso de personas o empresas que no realicen
actividad comercial ni tengan conocimientos de aeronáutica) y entre
4.500 euros y 4,5 millones (para aquellas que sí realicen actividad
comercial o tengan conocimientos aeronáuticos).
Desde la
entrada en vigor de la normativa de uso de drones para actividades
profesionales, en el 2014, y hasta este pasado agosto, AESA abrió 116
expedientes sancionadores. Este organismo, dependiente del Ministerio de Fomento,
impuso en ese mismo período 99 multas, por un importe conjunto de más
de 530.000 euros. La más alta fue de 14.500 euros y la más baja, de 300.
En su mayoría, las sanciones
correspondieron a que no era un operador habilitado, no se cumplían los
requisitos relativos a la aeronave o se sobrevolaban zonas no
permitidas. Todos los drones deben llevar una placa de identificación.
Los drones también vuelan entre la prohibición y la inseguridad
Algo similar a lo que ocurre con los
patinetes eléctricos le sucede a los drones. Su proliferación obligó a
tomar medidas urgentes para regularlos de forma temporal. Y, en ciudades
con aeropuerto, como es el caso de Vigo, su utilización, siempre que se
quiera respetar la Ley, quedó prohibida casi en su totalidad. Ni las
aeronaves no tripuladas de profesionales, ni tampoco las de uso
recreativo lo tienen fácil. Por un lado, la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea (AESA) prohibe que se levanten dentro del CTR de Peinador
(la zona de control aéreo). En Vigo ocupa prácticamente todo el casco
urbano. Pero AESA tampoco lo permite sobre zonas urbanas, playas,
parques....
Fomento prepara un mapa para la navegación de drones en España
Los drones se han convertido en poco
tiempo en el juguete preferido de mucha gente y en la base del negocio
de otra mucha, pero también empieza a ser una pesadilla para
controladores y pilotos. En España, se ha disparado el número de
compañías que operan este tipo de aeronaves no tripuladas, cada vez más
utilizadas en actividades económicas (sector audiovisual y de ocio,
infraestructuras, agricultura, logística…) En concreto, son ya 1.844 los
operadores habilitados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA), es decir, se han multiplicado por 30 desde febrero de 2015.
Esta proliferación de drones ha llevado a Fomento a desarrollar una app con
un mapa interactivo que recogerá las zonas del espacio aéreo nacional,
así como aeródromos, donde está prohibido volar este tipo de aeronaves.
“Estará listo para 2017 y el objetivo es que los usuarios de drones
puedan consultar en este mapa si el lugar donde quieren hacer volar su
dron está o no permitido, en función de si es espacio aéreo
restringido”, explica a CincoDías Javier Fenol, responsable de
Información Aeronáutica de Enaire.
La
legislación española actual prohíbe el uso de estos aparatos en las
inmediaciones de los aeropuertos, en un radio que varía entre los 8 y
los 15 kilómetros en función básicamente del tamaño del mismo. Tampoco
les permite volar sobre zonas urbanas y aglomeraciones de personas
(playas, una manifestación, un concierto al aire libre, etc). Pero, como
indica Fenol, muchas veces no es fácil para quien opera un dron saber
si puede hacerlo o no en una determinada zona. “Actualmente ya tenemos
en la web de Enaire un formulario de texto donde se puede obtener esa
información, pero queremos hacerlo extremadamente fácil para el
ciudadano”.
La iniciativa de Fomento,
que utilizará tecnología de ESRI, uno de los principales proveedores
mundiales de mapas interactivos, es bien acogida por la Unión Sindical
de Controladores Aéreos (USCA), pues como indica Susana Romero,
secretaria de comunicación de esta organización y controladora en el
Centro de Control de Santiago, los drones están empezando a afectar a la
seguridad aérea. Y no lo dice de oídas. “Hace unos meses, un avión que
estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de Santiago nos notificó
que se le había cruzado un dron. Finalmente no pasó nada, pero el riesgo
de accidente estuvo ahí”.
No es el
único caso. Ni tampoco el problema es exclusivo de España. Un Airbus 320
de Lufthansa tuvo que esquivar tres drones durante la fase de
aproximación al aeropuerto de Bilbao el pasado mayo. Los aparatos
volaban a unos 900 metros dentro del espacio aéreo protegido. También en
febrero otro dron estuvo a punto de provocar un accidente en un vuelo
Barcelona-París, durante la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto
Charles de Gaulle, y otro avión de pasajeros estuvo a punto de impactar
contra un dron en julio cuando se aproximaba al aeropuerto de Heathrow.
“Afortunadamente
no ocurre todos los días, pero sí hay cada vez más incidentes de este
tipo, y pensamos que es por desconocimiento de la normativa, no porque
la gente quiera provocar intencionadamente un accidente. Por ello,
cualquier iniciativa [como la de Enaire] que ayude a aclarar dónde puede
o no volar un dron es buena, pues es clave que se conozca el riesgo que
existe y se tome conciencia”, dice Romero, que advierte que un problema
que hay es que los drones no llevan tecnología TCAS (sistema
anticolisión de los aviones respecto a otras aeronaves), y eso impide
que los controladores los veamos y que los aviones puedan detectarlos
con sus radares. “Solo lo ven cuando se les echa encima, y puede ser
tarde”. En su opinión, los drones “deben integrarse y acabarán
haciéndolo en la información aeronáutica que se facilita a los aviones
sobre todo aquello que pueden encontrarse en su ruta (una zona
restringida puntualmente por una maniobra militar, por ejemplo) y que
deben conocer”.
Nueva normativa
La
futura normativa sobre drones en España plantea nuevos escenarios
operacionales. Entre ellos, las operaciones en espacio aéreo controlado,
aunque se requerirán requisitos de formación del personal y de los
equipos, así como un estudio aeronáutico de seguridad coordinado con el
proveedor de servicios de tránsito aéreo y la previa autorización de
AESA. Igualmente, se contempla el sobrevuelo de zonas urbanas y
aglomeraciones de personas, siempre que sea con un dron de menos de 10
kilos, a un máximo de 100 metros del piloto y de 120 metros de altura.
Además de presentar un estudio de seguridad específico y la autorización
de la agencia española citada.
Una
portavoz de la AESA apunta un tercer escenario: las operaciones
nocturnas y los vuelos más allá del alcance visual del piloto con
aeronaves de más de 2 kilos. En ambos casos, precisa, será necesario un
estudio de seguridad, la autorización de la agencia y que el aparato
tenga unos requisitos técnicos concretos.