La nueva ley de drones corta las alas a las aeronaves estrella de Rozas
Limita aparatos de más de 25 kilos, como los Targus de Indra o los Lúa de Babcock
El Ministerio de Fomento dice que ya falta muy poco. Se espera que este otoño, o como muy tarde en el primer trimestre del 2018, quede aprobado en Consejo de Ministros el decreto por el que se regula la utilización civil de las aeronaves a control remoto, es decir aviones no tripulados, también llamados drones.
Esta legislación, cuyo borrador se puede consultar en la web de Fomento, regula actividades hasta ahora prohibidas para estos aparatos,
como sobrevolar áreas urbanas, volar de noche o con la plataforma fuera
del alcance de la vista. Podrán hacerlo, siempre previa autorización
por parte de la AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea), pero solo
las aeronaves de menos de 10 kilos.
¿Qué pasa con los drones que superan ese peso
y, en especial, con los que llegan a los 25 kilos, como es el caso de
los aparatos no pilotados en los que las empresas Indra y Babcock trabajan en el aeródromo lucense de Rozas?
La respuesta, con la nueva ley en la mano, es que su operatividad
estará limitada y siempre sujeta a certificaciones y permisos especiales
por parte de la AESA. «Las aeronaves de más de 25 kilos de peso solo
pueden volar con permisos extraordinarios dentro de espacio aéreo
segregado, lo que los hace difíciles de comercializar y poner a
funcionar», explican fuentes de navegación aérea.
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Aclaran que este tipo de aviones no
tripulados, en todo caso, tendrán que ser homologados por la propia
agencia de certificación de aeronaves civiles, que es la AESA.
¿Es demasiado estricta esta legislación?
Los expertos consultados explican que está en línea con el marco
regulatorio de la UE, que es continuo objeto de quejas por parte de los
constructores de este tipo de aparatos porque limitan su operatividad.
Operatividad limitada
En el aeródromo de Rozas,
en donde la Xunta impulsa el CIAR (Centro de Investigación Aeroportada
de Rozas), las dos empresas adjudicatarias trabajan en proyectos de más
de 25 kilos.
Indra tiene entre manos el avión no tripulado
pesado Targus, del que esperan vender 12 unidades para montar una planta
de ensamblaje en Rozas.
Babcock está trabajando en el
diseño y producción de un helicóptero de 25 kilos controlado de forma
remota denominado Lúa, para el control de incendios.
«Este verano, la compañía operó en Huelva por primera vez uno de sus drones (contratado por el Ministerio de Agricultura)
y solo pudo volar por la noche para no interferir con los demás medios
aéreos; a la vista del operador y a no más de 120 metros de altura
durante 20 minutos», aseguran fuentes del sector aéreo no tripulado.
Pese a las restricciones legales, el tirón de
la iniciativa público-privada representada por el CIAR ha tenido un
efecto inmediato en la iniciativa emprendedora. En apenas dos años, este
incipiente sector gallego ha pasado de contar con 14 operadores (año
2015) a sumar en agosto pasado a un total de 165 empresas autorizadas
por AESA. Se reparten así: 79 en A Coruña, 53 en Pontevedra, 20 en Lugo y
13 en Ourense.
Según datos de la propia agencia de
seguridad aérea, una parte muy importante de estas firmas han sido
creadas por autónomos. Y aguantar el negocio no está resultando fácil,
ya que, con el actual marco legal, la actividad está limitada a labores
de producción audiovisual o cartografía. «Cualquier otra misión está
expuesta a penalizaciones y multas que pueden superar los 220.000
euros», aclara la AESA.
Esto se traduce en que, aunque Galicia cuenta
con un sector preparado para sacar partido al negocio de los drones,
actualmente su capacidad productiva está limitada a un 20 % del
potencial.
Galicia desarrolla un sistema de seguridad que localiza, identifica y derriba aviones no tripulados sospechosos
Un
dron puede utilizarse para realizar múltiples funciones en diversos
sectores de actividad. De hecho, su uso ha abierto un amplio abanico de
actividades en campos, como por ejemplo el de la agricultura y el de la
seguridad, en los que ha demostrado ser de gran utilidad.
Son usos beneficiosos, aunque un dron también
puede emplearse para ejecutar acciones negativas, lo que se une al vacío
legal existente. Es una de las principales razones por las que llegan
los sistemas antidrones, que tienen sello gallego.
El
principal objetivo de esta tecnología es evitar que se realicen
actividades consideradas ilegales o bien que puedan suponer o entrañar
un peligro o una amenaza real.
En este escenario, no es
de extrañar que la detección y neutralización de los drones pequeños,
con vuelos lentos y a baja altitud, se esté convirtiendo rápidamente en
una alta prioridad en la agenda de las fuerzas armadas y cuerpos de
seguridad de los Estados de todo el mundo. Así, varias Administraciones
públicas han comenzado a licitar y adquirir sistemas que pueden
proporcionar estas capacidades defensivas en diferentes escenarios
operativos .
Este es el campo de trabajo del departamento especializado en aviones no tripulados del centro tecnológico Gradiant, de la Universidade de Vigo.
El
sistema, que está ya en fase avanzada de desarrollo y con grandes
expectativas de comercialización, logra detectar, identificar y
neutralizar, derribándolas si es preciso, aeronaves no tripuladas que se
encuentren operando en situación de ilegalidad o que supongan una
amenaza para la seguridad de las personas.
Fuentes de
Gradiant explican que se trata de un sistema que solo podría utilizar un
cuerpo de seguridad, y que está enfocado al control de los aeropuertos,
en donde ya se han producido percances por culpa del vuelo irregular de
drones, o en grandes aglomeraciones (estadios deportivos y conciertos).
El objetivo de Gradiant es enfocar este
sistema al mercado del ámbito civil, aunque la tecnología también ofrece
grandes posibilidades para la seguridad en el militar.
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